Viernes, 13 de Agosto del 2021
LA REAL HISTORIA DE LAS 111 MIL HECTÀREAS EXPROPIADAS A
LA COMUNIDAD CAMPESINA “SANTO DOMINGO” DE OLMOS.
El gobierno del presidente Alberto Fujimori, a través de
la Dirección Ejecutiva del Proyecto Olmos-Tinajones (DEPOLTI), le pide a la
comunidad la cesión de 60 mil hectáreas como condición para la realización del
proyecto Olmos, que a la fecha ya se había convertido en lo que hoy se conoce
como el “anhelo lambayecano”.
A cambio, se le
ofrece a la comunidad la ayuda del gobierno para llevar a cabo el proceso de
titulación comunal, y algunas concesiones inmediatas como la construcción de 10
pozos tubulares equipados. Además, de esas 60 mil has., 12 mil hectáreas
irrigadas quedarían para la comunidad luego de le ejecución del proyecto.
El discurso del gobierno vende la idea de los “beneficios
mutuos”, utilizando frases como: “... ganan los miembros de la comunidad, los
habitantes de la ciudad y del campo, el inversionista privado y todos los
peruanos!” (Boletín difundido por el Comité Pro Desarrollo Olmos y la DEPOLTI).
La directiva de entonces presidida por Blas Nunura
Mayanga estaba dispuesta a negociar con la DEPOLTI para llegar a algún acuerdo;
la posibilidad de ceder las 60 mil hectáreas estaba abierta a cambio de algunos
beneficios para la comunidad y para lo cual se firmaría un documento con los
acuerdos de la negociación.
Según las declaró en su oportunidad Blas Nunura, la
intención de su directiva era solicitar al Estado nuevas concesiones para el
beneficio de la comunidad –las cuales serían sugeridas por los delegados de
todos los caseríos- y a partir de ello, negociar las tierras.
Esto suponía la realización de una asamblea comunal para
informar a los delegados sobre las condiciones de la negociación, y
posteriormente, llevar a cabo una votación para decidir si se aprobaba o no la
firma del acuerdo. Sin embargo, debido a diversos motivos, principalmente a las
pérdidas de cultivos y bloqueos de carreteras ocasionados por el fenómeno El
Niño, la reunión de delegados no pudo realizarse.
La Asamblea General de Delegados nunca se reunió, por lo
que la directiva de Blas Nunura no llegó a concretar la negociación. Esto
coincidió con el término del período del gobierno comunal, lo que implicaba un
cambio de directiva.
La lista que ganó las elecciones en la comunidad fue la
de color Celeste que encabezó Gerardo Pupuche Monja, que asume su gobierno a
inicios del mes de setiembre de 1998.
Con ello se produjo también un cambio en la dirección de
las conversaciones entre la comunidad y el Estado. El ex presidente de la
comunidad, Blas Nunura, ya había iniciado la negociación con el Estado, la cual
se vio frustrada, entre otras razones, por la falta de asistencia de los
delegados a la Asamblea Comunal ya que la directiva no tiene la facultad de
decidir por sí sola ni de ejecutar acciones sin la consulta general.
La entrada de la nueva junta directiva al gobierno comunal,
significaba prácticamente un nuevo comienzo en el intento de negociación.
El escenario político se transformó también con la
aparición de nuevos actores debido a que también se realizaron las elecciones
municipales en el mes noviembre, en las que se enfrentaron el candidato de
Vamos Vecinos, Willy Serrato Puse y el de Acción popular, Hugo Maza Monja del
partido Acción Popular.
Todo ello configuró un nuevo escenario en donde el
gobierno tuvo que retomar el contacto con la dirigencia y elaborar un nuevo
cronograma de reuniones.
En el marco de las elecciones municipales, la posición
asumida por cada candidato con relación a la cesión de tierras fue uno de los
elementos centrales de la campaña. Debido a esta particular coyuntura, se
produce una asociación entre la entrada de un candidato y el futuro del pueblo
de Olmos y de las tierras comunales.
En palabras de los pobladores, Willy Serrato equivaldría
a “apoyar al gobierno” y Hugo Maza Monja a “la defensa del territorio”, lo cual
polariza las posiciones de la población. De esta forma el problema de la
negociación se reduce a una pugna por el territorio, lo cual no permite ver que
podrían existir puntos de encuentro dentro de ambas posiciones, sino que las
enfrenta en el terreno político, disminuyendo las posibilidades de diálogo.
Desde la entrada de la lista de Gerardo Pupuche, la
directiva comunal asistió a dos reuniones para tratar el tema del proyecto y la
petición del Estado: la primera se realizó en el Colegio Departamental de
Ingenieros de Lambayeque el 5 de setiembre, para conversar con técnicos y
especialistas del proyecto; la segunda, el 9 de setiembre en la Feria Regional,
en la que se conversó con representantes directos del gobierno.
Además, la comunidad participó en el paro departamental,
en el cual la directiva dio a conocer su desacuerdo con la concesión de tierras
comunales.
El Estado peruano, a través de la Dirección Ejecutiva del
Proyecto Olmos Tinajones (DEPOLTI), le ha solicitado a la comunidad campesina
Santo Domingo de Olmos la cesión de 60 mil hectáreas . de territorio comunal
para la ejecución del proyecto hidroenergético Olmos.
A cambio de ello, el Estado le ofrecía a la comunidad 12
mil de esas 60 mil hectáreas para que se beneficien con la irrigación, y éste
se quedaría con 16 mil hectáreas y destinaría las 32 mil restantes como
incentivo para los inversionistas que financien las siguientes etapas del
proyecto.
A cambio de la cesión de tierras a la comunidad se le
ofrece, además de la irrigación de las 12 mil has., los siguientes beneficios:
1. Apoyo para inscribirla como persona jurídica en los
Registros Públicos
2. Apoyo para el deslinde de su territorio
3. Apoyo para la titulación e inscripción en Registros de
las tierras comunales.
4. Construcción de 10 pozos tubulares ubicados en donde
la comunidad disponga.
5. Tarifa preferencial por el agua que usen los comuneros
en estas 12 mil has. irrigadas.
La directiva comunal opinaba que los tres primeros puntos
son derechos de la comunidad y obligaciones del Estado para con todas las
comunidades campesinas del país, y que por ello mismo existen proyectos como el
del Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT) que trabaja titulando
tierras comunales a nivel nacional.
Con relación a los 10 pozos tubulares, opina que el
Estado está en posición de ofrecerles mucho más que ello, que estos serían
insuficientes considerando el gran número de comuneros existentes y que por
ello su distribución generaría un problema interno.
También es consenso entre los comuneros entrevistados,
que el ofrecimiento de los 10 pozos tubulares es insuficiente.
Finalmente, respecto de la irrigación de las 12 mil has.
de territorio comunal, cabe mencionar que ésta se llevaría a cabo en un plazo
no menor a los 10 años, en que culminaría la primera fase del proyecto; otros
piensan que la irrigación de estas 12 mil hectáreas llevaría a cabo durante la
segunda fase del proyecto, es decir, entre 11 y 20 años.
El Estado ha elaborado un discurso en base a la idea de
lo que ha llamado “beneficios mutuos”, es decir, la promesa de que, si la
comunidad contribuye con la cesión de tierras, ésta se verá grandemente
beneficiada. Y no sólo con las concesiones directas que promete el Estado, sino
además, con el desarrollo de toda la región, puestos de trabajo, el surgimiento
de industrias pecuarias en la zona, etc.
De esta manera, según el planteamiento del Estado, la
cesión de tierras comunales se convierte en la condición necesaria para el
desarrollo de la comunidad, del pueblo de Olmos y de la región en general, lo
cual ejerce una fuerte presión sobre la comunidad.
El Comité Pro Desarrollo de Olmos trabaja en la difusión
de las propuestas del Estado a nivel de los caseríos. La forma utilizada
consiste en repartir un folleto en donde se explica por qué se llama (el Estado
ha llamado)
a la esperada firma del acuerdo “Convenio de Beneficios
Mutuos”, y cuáles son los ofrecimientos y condiciones del Estado para con la
comunidad. En el folleto se presenta los beneficios directos para la comunidad
que citamos líneas arriba, y además se aclara lo siguiente:
“Cuando se traigan las aguas del río Huancabamba, (...),
la comunidad podrá irrigar 8 mil has.. Si además se logra traer las aguas de
los ríos Tabaconas y Machara, la comunidad tendrá derecho a irrigar 4 mil has.
adicionales ...” (Boletín difundido por el Comité Pro Desarrollo de Olmos).
Cabe mencionar que sólo se confirma la irrigación de 8
mil has., cuando el pedido de las 60 mil hectáreas supone que de este total, la
comunidad se quedaría con 12 mil hectáreas irrigadas. El folleto también se
refiere a los beneficios que recibiría la “Colectividad Olmana”, y cita los
siguientes:
• “Creación de por lo menos 50 mil puestos de trabajo en
el ámbito de la comunidad.
• La juventud estudiantil y la niñez olmana [sic] tendrán
un gran futuro de bienestar y prosperidad en base a un trabajo estable.
• La obra generará grandes inversiones y Olmos crecerá
rápidamente, se construirán hoteles, bancos y cientos de diferentes empresas
agropecuarias, comerciales, industriales y agroindustriales”. (Boletín
difundido por la DEPOLTI y el Comité pro Desarrollo de Olmos).
Por otra parte, cabe mencionar que en el folleto se hace
alusión al tan discutido tema de la reubicación, afirmando que los comuneros
que se encuentren dentro de las 12 mil hectáreas que serán irrigadas no serán
reubicados, pero que sí será necesario reubicar a los comuneros ubicados dentro
de las 48 mil has. que pasen a manos del Estado y que estos recibirán beneficios
compensatorios establecidos en acuerdo con la comunidad.
Finalmente, el folleto aclara que, si en un período de 10
años no se ejecuta el Proyecto Olmos, las tierras serían devueltas a la
comunidad, anulándose los documentos pertinentes en los Registros Públicos.
El folleto presenta, además, un croquis del territorio de
la comunidad, en el que se encuentra marcada el “área de la que se seleccionará
las 48,000 has. para el Gobierno”, que incluye varios caseríos, y el “área de
la comunidad sin reubicación (aproximadamente 12,000 has)”.
A este problema se suma la enorme incredulidad de la que
goza el gobierno entre los habitantes de la comunidad. Por su parte, la
directiva comunal considera como una falta de respeto que el Gobierno intente
negociar con ellos en base a un folleto que no les brinda ninguna garantía
formal.
El profesor Hugo Santín Cornejo responsable del Comité
pro Desarrollo de Olmos, piensa que la desinformación y el miedo de los
comuneros es producto de intereses políticos de la lista de Acción Popular, y
que la directiva comunal, partidaria de esta lista, no se ha preocupado por
hacer una divulgación honesta de los términos de la negociación.
Polígono de las tierras que fueron inscritas a favor del PEOT.
