Domingo, 20 de marzo del 2022
LA BATALLA COMUNAL POR RECUPERAR LAS TIERRAS
Por: Segundo Serrato Sánchez.
La batalla comunal por recuperar las tierras
En Olmos, a 770 km al norte de Lima, la comunidad
campesina libra una batalla con el Estado peruano en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, con la esperanza de recuperar las 111.656 hectáreas que el
régimen fujimorista le arrebató en junio de 1999 para entregarlas al llamado
Proyecto Olmos, a través del DS 107-99 AG.
Y es que la llamada, en tiempos idos, “comunidad de
indígenas”, está empeñada en un sueño imposible, como diría El Quijote,
corriendo a donde los valientes no se atrevieron con el fin de alcanzar la
estrella inalcanzable, pues en el fuero interno se respaldó judicial y
constitucionalmente el despojo de un área considerada como inalienable e
intangible. Incluso, el Tribunal Constitucional, al negarles un recurso de
agravio, consideró que la cuestión de derecho contenida en el recurso no es de
especial trascendencia constitucional. Así de simple.
Cuando se produjo la confiscación, la Comunidad mostró
las resoluciones virreinales, el plano conjunto, las actas de colindancia y la
memoria descriptiva, pero de nada sirvió en el fuero judicial interno. Se
desestimó la certificación notarial que reproduce tres documentos de la época
del Virreinato, así como la transcripción paleográfica de los títulos
coloniales de propiedad de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos.
Para la justicia peruana tampoco sirvieron como prueba de
la propiedad comunal, las 4 resoluciones de reconocimiento de tierras expedidas
desde el 9 de mayo de 1544 por los virreyes Blasco Núñez de Vela, Pedro de la
Gasca y Francisco Toledo, así como la RS 086 del 4 de agosto de 1931, otorgada
por el entonces Ministerio de Fomento, reconociendo a las comunidades
campesinas como pueblos indígenas.
La comunidad Santo Domingo se ha respaldado en un reclamo
similar planteado por la comunidad Mayanga (Sumo) Awas Tingni contra el
gobierno de Nicaragua, la cual concluyó que, además de haberse violado el
derecho a la propiedad y el derecho a la protección, ordenó que el Estado
delimite, demarque y titule las tierras que correspondan a la reclamante. La
sentencia fue emitida en el año 2001.
En el caso de Olmos, el objetivo es que se ordene al
Gobierno Regional de Lambayeque y al Proyecto Especial Olmos–Tinajones, restituya
las tierras expropiadas. Aunque la empresa es larga, los demandantes tienen fe
en alcanzar su propósito.
Además, tienen paciencia. Esperan que el barro se
asiente y que la acción correcta en la CIDH surja por sí sola.
Los comuneros esperan pronunciamiento por parte de la CIDH
No hay comentarios:
Publicar un comentario