PORTAL OLMOS

Jueves, 12 de diciembre del 2019 

CONTRALORÍA DETECTA PERJUICIO ECONÓMICO EN LAS OBRAS DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN OLMOS. 

La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico por US$ 17 millones 903,068.86 en el contrato de concesión de la construcción, operación y mantenimiento de las obras de Trasvase del Proyecto Olmos en la región Lambayeque, debido al incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de altos funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL). 

Como resultado de una auditoría de cumplimiento al Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) y a la entidad regional —que actúan en coordinación con los magistrados el equipo especial Lava Jato— también se halló responsabilidad civil y penal en la concesión que firmó el GRL y la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) S.A., subsidiaria de la empresa brasileña Odebrecht. PUEDES VER Contraloría detectó responsabilidad penal y civil en caso Olmos. 

El diario “La República”, accedió a una parte de la auditoría n.° 5658-2019, realizada al contrato de concesión suscrito el 22 de julio de 2004 —durante la gestión del entonces presidente regional Yehude Simon Munaro— y concesionado a 20 años a Trasvase Olmos, el cual alcanzó la revisión del período comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2018. 

Cabe señalar que el primer componente de esta obra (construcción, operación y mantenimiento de las obras de trasvase) comprendió la construcción de una presa de 44 millones de metros cúbicos de capacidad y un túnel trasandino de 20 kilómetros, con el propósito de trasvasar las aguas del río Huancabamba para fines agrícolas e hidroenergéticos en Olmos. 

En septiembre de este año, este diario informó que personal de la Contraloría se reunió con funcionarios del PEOT, luego que el fiscal provincial José Domingo Pérez iniciara investigación preliminar contra los que resulten responsables por irregularidades en el proyecto Olmos, de acuerdo a la carpeta fiscal n.° 01-2018. 

Para el órgano de control, el gobierno regional otorgó a la concesionaria ampliaciones del período inicial sin sustento, esto luego de las cuatro adendas que se aprobaron, entre 2005 y 2014, al contrato de concesión. 

Las primeras dos adendas se firmaron en enero y septiembre de 2005, respectivamente. La tercera y cuarta adenda al contrato de concesión de las obras de trasvase se firmaron en mayo de 2012 y marzo de 2014, respectivamente, durante la gestión de Humberto Acuña Peralta. 

En este punto, la Contraloría detalla que se pagaron mayores costos de obra, pese al incumplimiento o demora en la ejecución de obras. 

Otra observación es que el GRL, a través del PEOT en su condición de supervisor, no aplicó las penalidades correspondientes a la concesionaria Trasvase, teniendo en cuenta que incumplió con sus obligaciones de contrato durante el período de operación, respecto a obras civiles, hidromecánicas, eléctrica y de automatización de la presa Limón. 

En este contexto, el ente determinó presunta responsabilidad penal en los exgobernadores regionales Humberto Acuña y Nery Saldarriaga. También para los exconsejeros regionales Lázaro Villegas Agramonte, Miguel Bazán Zárate, Oscar Zeña Santamaría, Sara Mocarro Monja, Andrés Palma Gordillo, José Eneque Soraluz y Ana Toro Gálvez, así como a ex funcionarios del PEOT. 

FUENTE: Diario La República.

Foto de archivo cuando el Ex Presidente Alan García, llegó a supervisar las obras en el túnel trasandino.